martes, 25 de marzo de 2014


Política interior, seguridad pública y justicia primeros rubros en pasar
El examen legislativo




Grupo Parlamentario del PVEM Sergio Contreras, Jorge Arena y su 
compañera la diputada Lupita Sánchez,

En la mañana del lunes iniciaron las comparecencias para el análisis y la revisión del II Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo estatal, con el arranque del examen y puesta a consideración del trabajo de la Secretaria de Gobierno con Antonio Salvador García López al frente, para dar respuesta a la preguntas de los legisladores en materia de política interior.

Así pues, en este rubro el coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM Sergio Contreras, y su compañera la diputada Lupita Sánchez, abrieron su turno de preguntas con el objeto de conocer el impacto real de capacitaciones a municipios para la profesionalización de los servidores públicos, así como las facultades que desempeñan las áreas de la Coordinación de Asesores, adscritas al Secretario de Gobierno, y la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político, y el personal que se encuentra asignado a cada una de ellas.

Al mismo tiempo, en su intervención Contreras Guerrero también prestó especial atención al procedimiento que sigue el personal de esta Subsecretaría para atender, en coordinación con las autoridades municipales, los conflictos sociopolíticos de los municipios que afectaron la estabilidad social en el año 2013.

Agotadas las intervenciones de esta primera mesa, que se alargó hasta en tres horas, llegó el turno del Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, quien tuvo que responder a las numerosas preguntas referentes al Proyecto Escudo, punto de partida también para los diputados del GPPVEM, que en la voz de Jorge Arena cuestionaron los servicios de implementación, mantenimiento, reposición y actualización de la infraestructura tecnológica del proyecto de inteligencia, que la empresa contratada denominada “Seguritech Privada, S.A. de C.V.” ejecutará en cada municipio. Siguiendo con este modelo, los ecologistas precisaron detalles para la homologación operativa en las distintas entidades, así como el informe de la estrategia y acciones necesarias para el resguardo de la información que generan los municipios dentro del “Sistema Integral de enlace y monitoreo”.

En este orden de ideas, y sin abandonar Proyecto Escudo, cuestionaron cómo es posible que dicho programa no tenga impacto en los programas preventivos; y ya por último, para cerrar esta segunda reunión, la bancada pevemista también quiso saber más acerca del retraso en la aplicación de las evaluaciones de control y confianza para los elementos de seguridad pública, que realiza el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato.

Por último y para cerrar esta primera jornada de comparecencias, el Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, atendió las preguntas de los legisladores guanajuatenses, que en el caso de los verdes analizaron la efectividad en la revisión vehicular, preguntándole al procurador por el número de vehículos que presentaron irregularidades, siendo 192 los vehículos con reporte de robo, de los cuales se estudió la procedencia de los mismos.

Asimismo, revisaron la inversión llevada a cabo para la construcción  de la Academia de la Policía Ministerial, en la que se invirtieron $20,547,883 pesos, de los cuales en el análisis de procesos - proyectos - metas del presupuesto para 2014 en el Proyecto Q0184 se etiquetó la construcción de dicha academia por un valor de $29,700,000 pesos, por lo que preguntaron en qué se destinaron esos $9,000 que no se detallaban, a lo que el procurador aclaró serán destinados a la tercera etapa.




Como cierre a la comparecencia de la Procuraduría de Justicia, Sergio Contreras preguntó si la Fiscalía Especializada en la Investigación de delitos cometidos por Servidores Públicos (Fiscalía Anticorrupción), abrió algún expediente sobre la adquisición de medicamentos a sobreprecio por parte del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, a lo que Zamarripa Aguirre respondió que tienen procesos iniciados contra funcionarios del Isapeg y de Administración y Finanzas, pero no en relación a los procesos por medicamentos.



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